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Todo esto después que el presidente Rafael Correa, en una de sus acostumbradas campañas políticas radiales de los sábados, diera un plazo de un año a los propietarios de tierras ubicadas en la cuenca del río Guayas para que las pongan a producir. Según el señor presidente, muchas de estas tierras son propiedad de "pelucones" guayaquileños quienes están esperando que las mismas ganen plusvalía para luego venderlas al triple.

Adicionalmente, Poveda ha afirmado que las tierras que poseen gran potencial agrícola que se encuentren improductivas van a pasar a manos de gente que va a hacer agricultura y que las expropiaciones se harán pagando el "precio justo", ya que no se trata de quitar tierras a nadie, sino más bien de aprovechar los recursos naturales y la inversión pública existente realizada para volverlas productivas.

La mencionada inversión es el trasvase de Santa Elena construido en los años noventa, el cual, tiene la capacidad de proporcionar agua de riego a 42 mil hectáreas ubicadas en las provincias de Guayas y Santa Elena. Se estima que únicamente 10 mil hectáreas se benefician de esta obra de infraestructura, el resto son propiedades baldías, las que, precisamente, serían expropiadas.

Haciendo una retrospectiva, en Ecuador se inició una reforma agraria en 1964 -hubo una segunda en 1973-, cuyo principal objetivo era solucionar dos problemas relacionados entre sí, a través de la expropiación: la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños (latifundismo) y la baja o nula productividad agrícola debida a la poca utilización de tecnologías o a la especulación con los precios de las tierras. Los lectores sabrán contestar por sí solos si es que estas reformas han tenido éxito.

Para que nuestra agricultura -y cualquier otro proceso productivo- se desarrolle y progrese verdaderamente es necesario que sea competitiva, es decir, que sea capaz de generar una mayor producción al menor costo posible. En este sentido, es necesario que el Estado proporcione capacitación y asesoría técnica, financiamiento barato, obras de infraestructura -riego, carreteras, puertos, etcétera-, negocie acuerdos comerciales favorables, preste facilidades en los trámites requeridos, derogue decretos y leyes absurdas -como el control de precios y la ley del banano- y libere de impuestos -aranceles, IVA, impuesto a la renta- a los insumos y a los materiales involucrados en la actividad. ¿El Estado ecuatoriano lo ha hecho? No.

En el supuesto caso que el Estado proporcione eficazmente asistencia en los puntos antes mencionados, el problema de fondo es que ninguna reforma agraria basada en la expropiación ha tenido -ni tendrá- éxito, considerando que, en lugar de partir de fundamentos técnicos cuidadosamente estudiados, se basa en cuestiones dogmáticas e ideológicas de izquierda, las cuales hablan de la redistribución de la riqueza, básicamente.

Ahora que nuestro país ha caído en las garras de la novelería llamada socialismo del siglo XXI, se pretende resucitar -entre otras payasadas-, a la reforma agraria y venderla como la mejor solución para resolver los problemas del agro, cuando todos sabemos que el Estado per se es el mayor responsable de las desgracias del sector, debido principalmente a la falta de políticas claras que fomenten el desarrollo de la actividad agrícola a largo plazo.

Con bombos y platillos el gobierno ha venido anunciando medidas para favorecer la producción, entre las cuales se destaca la apertura de líneas de crédito barato para el sector productivo. Sin embargo, muy pocas personas naturales y jurídicas tienen los recursos económicos o los bienes para garantizar los préstamos ofrecidos por el Banco de Fomento o la Corporación Financiera Nacional. Como dato, las garantías llegan al 150% o más del monto solicitado.

Lastimosamente, teniendo en cuenta que vivimos en el país de Manuelito -o más bien dicho de Rafaelito-, donde la corrupción y la viveza criolla están el orden del día -eso no cambiará nunca por más revolución ciudadana que se lleve a cabo-, me temo que muchas de las tierras expropiadas terminarán en manos de burócratas y funcionarios públicos con influencias, por lo que continuarán improductivas y con los mismos letreros de "propiedad privida" que lucen actualmente. En la práctica, la realidad será la misma, simplemente, los terratenientes habrán cambiado de rostro.